Opinión

Ante la emergencia, organización

El 5 de junio se anunciaron tres noticias: Javier Arce renunció al cargo de Ministro de Desarrollo Agrario, el Presidente de la República anuncia la creación de una Comisión de Alto Nivel para la atención de la crisis de la seguridad alimentaria y la agricultura familiar y Agro Rural (Programa del Ministerio de Desarrollo Agrario) declaró que no se pudo completar la adquisición de fertilizantes, a pesar de lo anunciado y confirmado tanto por Oscar Zea y Javier Arce.

¿Cómo estamos a nivel de gestión ministerial?

El Ministerio de Desarrollo Agrario es uno de los ministerios que más rotación de altos funcionarios ha tenido entre los cuatro gabinetes. Es una situación bastante alarmante ya que pone en evidencia que, a pesar de contar con un plan estratégico y un plan operativo para orientar las intervenciones públicas dentro del sector agrario, no hay capacidad para liderar ni gestionar los objetivos trazados.

Por otro lado, a propósito de la Comisión de Alto Nivel, también se expone la poquísima capacidad de gestión que hay entre los mismos ministerios y estos con respecto al Ejecutivo. Efectivamente, tal como ya lo afirmó Eduardo Zegarra, el presupuesto que asignó el Ministerio de Economía para la compra de fertilizantes no era para nada suficiente, ya que no lograba cubrir ni la mitad de fertilizantes requeridos para el corto periodo de tres meses.

Más aún, considerando que la crisis alimentaria nacional es un problema que se evidencia en cifras desde inicios de la pandemia, hay una total ausencia de los ministerios de Desarrollo y de Mujer y Poblaciones Vulnerables ya que tampoco logran ejecutar ningún tipo de plan ni programa para sostener a las más de 700,000 personas que se encuentran en pobreza agraria. En esa misma línea, tampoco vemos en sus mejores luces al Ministerio de Comercio Exterior, a pesar del grave problema que genera el hecho de ser un país cuyos alimentos básicos son productos importados; productos que, dicho sea de paso, vienen en un alza de precio a nivel internacional.

Veamos el contexto

Desde las cifras más conservadoras hasta las más polémicas, es innegable que el Perú está enfrentando una crisis alimentaria sin precedentes: más de 15 millones de peruanos no tienen acceso a una alimentación balanceada, el precio de los alimentos importados está subiendo sin ningún control y la única alternativa que se dio para la compra de fertilizantes agrícolas, no logró el objetivo. En otras palabras, la falta de gestión ministerial descrita líneas arriba se da dentro de una situación muy alarmante: por un lado, tenemos a un grueso social dependiente de la agricultura familiar que corre el riesgo de perder el ciclo de productividad agrario por falta de fertilizantes y, por el otro lado, otro grueso social que no podrá acceder a los alimentos de la canasta básica porque el dinero no les alcanza.

Así, en estos momentos nos encontramos en un escenario en el que el Estado ha sido desplazado y el Mercado asume el rol para asignar los alimentos: el que tiene dinero, podrá comer. Esto quiere decir que si en estos momentos más de la mitad de país no puede alimentarse no es por falta de alimentos sino por un modelo económico y político que prioriza las ganancias por sobre encima de la dignidad y el desarrollo social.

Pues bien, ¿qué hacer?

No es suficiente con la creación de una Comisión de Alto Nivel. El Ejecutivo debe declarar la emergencia dentro del rubro alimentario y asumir el liderazgo político: se requiere un rápido control de daños y efectivizar la disponibilidad de alimentos. Para ello, es urgente que el Gobierno intervenga y compre la deuda generada por el crédito agrario; de esta manera, se podría amortiguar un posible impacto económico y generaría cierta protección a la agricultura familiar.

Además, se requiere gestionar un banco de alimentos que pueda distribuir de manera equitativa y focalizada los alimentos de primera necesidad: descentralizar y distribuir. Finalmente, el Ejecutivo debe dirigir los programas de alimentos a nivel nacional, en un trabajo conjunto con los ministerios convocados en la Comisión de Alto Nivel y con las redes de organizaciones técnicas y sociales a nivel regional y local, en las deben incluirse a las redes de ollas comunes y comedores populares. Tal como lo viene afirmando la FAO y CEPAL, el problema de falta de acceso a alimentos es una situación internacional pero el impacto será diferenciado. Por ello, se requiere plantear la emergencia del problema a nivel político, social y económico y en el que el Ejecutivo se alinee a los intereses del bien común y donde la ciudadanía asuma el trabajo conjunto para el bienestar general. Solamente si actuamos juntos, podremos salir de esta.

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