Opinión

La Reforma Inconclusa

Cuántas veces hemos exigido el cierre de locales públicos y privados que han puesto en grave peligro la vida y dignidad de las personas, por no tener las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento. Cuántas veces nos hemos indignado por aquellos locales informales (y hasta ilegales) donde se reproducen y sostienen redes de mafias, donde no hay ni escaleras de emergencia y donde, claramente, las autoridades han sido parte de esta inseguridad e informalidad. ¿Cerrar esos antros es suficiente para nuestra seguridad? No, ¿es lo mínimo necesario? Sí. Pues bien, en esa lógica ¿por qué tendríamos que exigir, demandar menos cuando se trata de nuestra educación universitaria?

Desde hace unas semanas, se ha regresado al debate sobre la Reforma Universitaria y la pertinencia de la SUNEDU. Pues bien, Para empezar ¿Qué es la Reforma Universitaria?

En general, la Reforma Universitaria es el proceso por el cual el Estado asume la responsabilidad de garantizar la educación superior universitaria, reconociendo el derecho a una educación de calidad y respetando el principio de autonomía universitaria. En el caso del Perú, la Reforma Universitaria se va a desarrollar a partir de 1876 en adelante. Sin embargo, para los fines de la presente columna, me voy a concentrar en las tres últimas etapas impulsadas por Fernando Belaunde (1983), Alberto Fujimori (1996) y Ollanta Humala (2014).

Sobre la ley universitaria de Belaunde Terry, esta generará un marco normativo totalmente descontextualizado en la medida que el principio de autonomía universitaria dejará de ser la garantía para la democratización universitaria y pasará a un plano de arbitrariedad y extraterritorialidad. Por otro lado, con el Decreto Legislativo de Alberto Fujimori, se dio el encuadre necesario para que el proyecto de universidad ya no tenga fines científicos ni responsabilidad social, sino que se reformule como una suerte de institución con fines explícitamente lucrativos y con ninguna proyección ni responsabilidad hacia la comunidad; en otras palabras, las famosas universidad empresa

¿Qué es la SUNEDU?

Como vemos, el tema de la Reforma Universitaria es un debate constante que pone bajo la luz cuáles han sido los bloques sociales y políticos que se han puesto a favor de una educación científica, democrática y de calidad y los bloques cuyas prioridades han sido el lucro y la informalidad. Es así que, durante el gobierno de Ollanta Humala, se vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el impacto negativo de  un grupo de universidades tan informales y precarias que, en muchos casos, no contaban ni con servicio de agua ni desagüe dentro de sus instalaciones.

En ese marco, en julio del 2014, se decreta la ley universitaria 30220, marco legal que establece, entre otras medidas, la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) con el objetivo de “verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario”; en otras palabras, establecer un protocolo de supervisión para garantizar que las universidades tengan las condiciones mínimas necesarias, como agua y desagüe, que estén facultadas para otorgar títulos profesionales y grados académicos, entre otros.

Ahora bien, a partir de lo establecido, el esquema de regulación generado por la SUNEDU, estaría reconociendo tres tipos de universidades peruanas, a saber: las universidades de alto costo y de buena calidad, las universidades públicas y las universidades de bajo costo y de baja calidad. Sobre ello, hasta la fecha, a ninguna universidad de alto costo y buena calidad se le denegó la licencia de funcionamiento, solo a 02 universidades públicas se les denegó la licencia de funcionamiento y a 48 universidades de bajo costo y de baja calidad se les denegó la licencia de funcionamiento.

Este tipo de datos nos expone que el modelo universitario privado y de baja calidad es el negocio que más riesgo corre con respecto a los marcos mínimos requeridos para obtener la licencia de funcionamiento. En otras palabras, si hasta ahora hemos tenido duda sobre quiénes estarían perdiendo con las exigencias mínimas establecidas por la SUNEDU, acá tenemos que los dueños de las universidades informales serían los primeros perjudicados.

Además de ello, a nivel nacional, hay 46 universidades, las cuales 67% se concentran en Lima y 33% se distribuyen en otras provincias. Más aún, en 6 regiones del Perú, no hay universidades privadas. Este panorama no solamente pone en evidencia la híper concentración que hay en la oferta universitaria de modelo privado, sino que también expone la necesidad de fortalecer la educación pública y de calidad de manera descentralizada.

Un tercer punto es que, en términos políticos, la Reforma Universitaria y la ley universitaria vigente han estado en el centro de la inestabilidad: hemos tenido más de 10 ministros de educación en menos de cinco años, la SUNEDU no ha tenido la capacidad política para salir del modelo que permite el lucro de la educación, el Congreso de la República ha tenido hasta dos comisiones investigadoras contra la SUNEDU y las nuevas autoridades desconocen las implicancias políticas y sociales que puede llegar a tener la Reforma Universitaria.

¿Por qué la SUNEDU está de nuevo en debate?

En este escenario tan tenso e inestable, se vuelve a poner en debate la pertinencia de la SUNEDU. Así, el 04 de mayo hubo debate en el Pleno. Primer punto de agenda: segunda votación sobre dictamen presentado por la Comisión de Educación en el que se propuso la “ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”. Así, en menos de dos horas, con 68 votos a favor, 39 en contra y 05 abstenciones, se aprobó la iniciativa liderada por el presidente de la Comisión de Educación, el congresista Esdras Medina Minaya.

Por un lado, el bloque de la congresista Pablo sostiene que dicho dictamen atenta contra la Reforma Universitaria pues buscaría implementar un sistema de educación superior que fomentaría la apertura de las universidades privadas de baja calidad, tal como ya pasó décadas anteriores. Por otro lado, el bloque liderado por el congresista Medina afirma que no están en contra de la SUNEDU y más bien buscan proteger la autonomía universitaria.

Pues bien, tal como se ha expuesto en esta columna, ya hemos visto que, para esta coyuntura, el tema de la autonomía universitaria es un pseudo argumento utilizado, más que nada, para defender intereses particulares que no pueden mantener sus negocios e intereses particulares ante la presencia de algún órgano de supervisión o de fiscalización.

En esa línea, viendo que los temas de la Reforma Universitaria y de la ley universitaria son debates altamente políticos, habría más bien que preguntarse sobre los posibles intereses que podrían estar presentes, empezando con la Comisión de Educación.

Así, a partir de la información proporcionada en el dictamen de la Comisión, se ha hecho una búsqueda sobre la formación universitaria de aquellos congresistas que votaron a favor del dictamen. De esta forma, tal como se expone en la Tabla 2, tenemos que de los 10 que votaron a favor del dictamen, hay un congresista sin estudios universitarios culminados, 05 congresistas cuyas universidades no lograron obtener el licenciamiento de funcionamiento por no tener las condiciones básicas de calidad, 02 congresistas de una universidad empresa y dos congresistas de universidad pública, entre las cuales se encuentra una universidad que se ha pronunciado en contra de la SUNEDU.

Si bien la formación universitaria no garantiza la formación ética ni es un requisito indispensable para obtener cargos públicos de alto nivel, tal como muchos de nuestros representantes nacionales lo confirman, sí considero necesario tener en cuenta este tipo de información ya que es, justamente, a través del acuerdo político de este bloque que no es capaz de diferenciar entre lo que es un órgano de representación universitaria con un órgano de fiscalización para funcionamiento, que la misma noción, función y objetivo del modelo universitario peruano está, nuevamente, suspendido sobre una situación extremadamente delicada.

Cierro la columna llamando a la reflexión sobre un asunto que, hasta el momento, ningún bloque legislativo ha tomado en cuenta. El Perú es el país con la menor tasa de matrícula universitaria de toda la región. Más aún, si bien la falta de acceso a la educación superior es un problema generalizado, esta situación impacta directamente a quienes trabajan en el sector informal. En otras palabras, la Reforma Universitaria y la calidad universitaria necesitan regresar al principio básico que hace 100 años levantaron los movimiento estudiantiles latinoamericanos: la democratización de la educación. Una universidad que no sea capaz de democratizar la educación, solamente reproducirá los factores que refuerzan las brechas de desigualdad, el apadrinazgo y las argollas.

[1] Además de su formación en la UIGV, se registra la siguiente información con respecto a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga: Bachiller en medicina humana (1984), Médico cirujano (1984), Bachiller en administración (2013), Licenciado en administración (2014), Magister en administración (2017) y Bachiller en economía (2020)

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